El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denuncia la ausencia generalizada de regulación por parte de las comunidades autónomas de un marco legal de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, al que obliga la legislación estatal.

Precisamente, la ley estatal vigente, del año 2007, adoptaba un régimen de infracciones y sanciones para todo el Estado, que sólo opera si una conducta discriminatoria tiene lugar en dos o más territorios de comunidades autónomas. Para las conductas que sucedan en una única comunidad, se aplicará el régimen autonómico, que cada comunidad debí­a aprobar mediante ley propia. Según explica el Cermi, dado que apenas ninguna comunidad autónoma ha aprobado la ley especí­fica a que obligaba la ley estatal, las conductas discriminatorias que no transcienden de una comunidad quedan impunes, pues no hay legislación al efecto.

Asimismo, el Cermi viene denunciando esta situación en reiteradas ocasiones, incluso ante el Defensor del Pueblo, después de haber reclamado a todas las comunidades autónomas que aprobasen la ley especí­fica, haciéndoles llegar incluso un modelo de ley de infracciones y sanciones, del que partir. Según expone, para salir de esta inactividad “que perjudica gravemente los derechos de las personas con discapacidad”, el Cermi ha planteado, como último recurso, una modificación de la normativa estatal consistente que declarar aplicable a todas las comunidades autónomas el régimen estatal de infracciones y sanciones “hasta tanto éstas aprueben su ley especí­fica, de modo que no existan zonas de sombra en la protección de los derechos de esta parte de la ciudadaní­a”.