Las patronales y sindicatos firmantes del VI Convenio de la Dependencia estiman que la puesta en marcha de un sistema sociosanitario, capaz de hacerse cargo, por ejemplo, de la convalecencia de una persona mayor a la que se ha colocado una prótesis de cadera, supondrí­a a las arcas públicas un ahorro aproximado de 10.000 millones de euros.
Así­ lo indicó el pasado jueves en Madrid Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), durante la presentación del Observatorio de la Dependencia, un órgano compuesto por patronales y sindicatos que ahora retoma su actividad. Según explicaron Guarner y el resto de los componentes del citado observatorio, la cifra de los 10.000 millones de euros sale, fundamentalmente, de la diferencia de coste de una cama hospitalaria (que oscila entre 650 y 750 euros dí­a) y la de una residencia (unos 150 euros) que, a juicio de las patronales, podrí­a atender a usuarios como el convaleciente al que se le ha colocado una prótesis de cadera y no puede volver a casa por carecer de ascensor.

En estos casos, consideró Guarner, las personas mayores están mejor en un centro residencial que en uno hospitalario, porque “de lo que se trata es de cuidar y no de curar”. Los miembros del Observatorio de la Dependencia son los firmantes del VI Convenio de la Dependencia, es decir, las organizaciones sindicales Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Federación de Servicios Privados de Comisiones Obreras (FSP-CCOO) y el sector salud y servicios sociosanitarios y dependencia de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT). En cuanto a las organizaciones empresariales con presencia en el sector, son la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores y sector solidario (Lares) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).

Por último, todas estas entidades han decidido ahora retomar la actividad del observatorio, constituido en el año 2000, cuando se suscribió el II Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. Y lo han decidido, tal y como indicaron en la rueda de prensa, para analizar cómo está siendo el cumplimiento de la Ley de Autonomí­a Personal y para ayudar a las administraciones públicas a que avancen en su mejora.