El debate sobre la reforma de la ley del aborto ha rebasado la arena de debate polí­tico y ha ocupado las consultas y los laboratorios. El empeño del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la regulación actual para acabar con el plazo de aborto libre y suprimir el supuesto de anomalí­as fetales ha empujado a profesionales sanitarios a movilizarse.

Un grupo de ellos, compuesto por ginecólogos, obstetras o expertos en diagnóstico prenatal, ha redactado un manifiesto en contra de esa reforma que suma 645 adhesiones. Suprimir la opción de interrumpir el embarazo en caso de malformación grave ””que recoge la ley actual”” acarreará consecuencias trágicas para las familias afectadas, dicen.

Con su movilización, las crí­ticas a Gallardón amplí­an su foco. El histórico y muy ideologizado debate sobre la reforma de la ley del aborto se reinicia tomando una nueva derivada. Ya no es solo una cuestión de pérdida de derechos para las mujeres y de retroceso social, como vienen alertando las organizaciones sociales y de mujeres. También crearí­a un grave problema de salud pública.

“La decisión de interrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento. Si la ley no permite la interrupción de la gestación en estos casos [de anomalí­as fetales graves], a la dramática situación se sumará el desamparo legal que sufrirán las gestantes”, explica el documento encabezado por las ginecólogas Pilar Martí­nez Ten y Begoña Adiego, que se entregará al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. En él explican que la eliminación de esa opción de la normativa desembocarí­a en una clara desprotección de las afectadas, que terminarí­an recurriendo al aborto clandestino e inseguro.

La ley actual, aprobada en 2010 a instancias del Gobierno de José Luis Rodrí­guez Zapatero, permite abortar por encima del plazo libre de 14 semanas ””en el que la mujer no precisa justificar su decisión”” y hasta la 22 si hay riesgo para la salud de la mujer o si se detecta una malformación fetal (se precisa el dictamen de dos médicos). Pasado ese tiempo, y sin lí­mite, solo es legal hacerlo si al feto se le diagnostica una anomalí­a extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida. Un diagnóstico que debe hacer un comité clí­nico.

Estos abortos apenas suponen el 3% del total registrado en España, pero se trata de casos muy dramáticos de hijos deseados. El titular de Justicia argumentó, para justificar el endurecimiento de la ley en este punto, que esa opción discrimina a las personas discapacitadas. Gallardón se escuda en un texto de la ONU que en 2010, tras las quejas de dos asociaciones, recomendó a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”. Eso a pesar de que en la ley actual ””tal y como contestó el Ejecutivo anterior a la ONU”” no habla en ningún caso de discapacidad, sino de anomalí­as fetales graves.

Los expertos coinciden, además, en que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva funciona bien. De hecho, apunta el especialista en diagnóstico prenatal Javier Pedregosa, ha permitido a mujeres a quienes la norma anterior desamparaba ””solo permití­a la interrupción del embarazo por malformaciones hasta la semana 22”” abortar en casos de anomalí­as graví­simas y de diagnóstico tardí­o. “Ha ayudado a familias que se veí­an obligadas a viajar a Francia para interrumpir su embarazo porque en España no podí­an hacerlo. Si la ley se endurece esto puede volver a ocurrir. Las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y médicas de acotar esta opción son muy duras”, incide Martí­nez Ten.

Así­, las anomalí­as que recoge la ley difieren de lo insinuado por Gallardón sobre la supuesta intención eugenésica de interrumpir un embarazo bajo este supuesto. No hay una lista cerrada de patologí­as, pero la comisión de bioética de la Sociedad Española de Ginecologí­a y Obstetricia redactó una guí­a en la que reflejaba algunas: anencefalia (nacer sin cerebro), hidrocefalia grave y progresiva o agenesia de cuello calloso.

Cada situación, y su implicación, se estudian. El comité de expertos ””ginecólogos, pediatras y expertos en diagnóstico prenatal”” que designa cada comunidad autónoma analiza los aspectos médicos del caso ””que haya un diagnóstico claro y fundamentado, las alternativas y posibilidades reales de tratamiento y sus consecuencias”” y también todo lo relacionado con la calidad de vida del nacido (tiempo de supervivencia previsible, grado de desarrollo neurológico…), explica Rafael Torrejón, jefe de Ginecologí­a y Obstetricia del hospital Virgen del Rocí­o de Sevilla y miembro de uno de los comités de Andalucí­a.

Y no todas las peticiones son aceptadas. También hay rechazos. En uno de los dos comités catalanes se aprobaron 83 de las 87 solicitudes recibidas hasta julio de 2012. En el comité clí­nico de Madrid, 9 de los 51 casos analizados desde julio de 2010 hasta enero de 2012 fueron rechazados: dos casos de sí­ndrome de Down, otro de osteocondrodisplasia, un labio leporino… Situaciones de malformaciones severas del sistema nervioso central (12), cardiopatí­as severas (11) o malformaciones esqueléticas letales sí­ fueron aceptadas.

“La ley actual es clara y justa. Ha logrado más seguridad para los profesionales y las mujeres, incluso para que tomen su decisión de manera más informada calmada”, considera Javier Garcí­a Planells, presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal. Su organización también ha hecho pública una nota en la que censura la intención de Gallardón. La revisión del aborto por malformación generará “desconfianza en un sistema sanitario incoherente, que proporciona las tecnologí­as más avanzadas de cribado y diagnóstico prenatal, pero que limita las opciones al alcance de cualquier paí­s desarrollado”.

El cambio en la situación actual, alertan los expertos, dificultará mucho la práctica clí­nica. Y no solo provocará la aparición de fórmulas de aborto inseguro. También puede ocasionar que las afectadas vuelvan a pasar por la misma penosa situación en embarazos posteriores. El riesgo de que las malformaciones se repitan existe y sin métodos de estudio y de diagnóstico es probable que se produzcan.