La Ley del Derecho de Defensa se encuentra en tramitación en la Cámara Baja y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aprovechado la oportunidad para que se refuerce en la ley la atención a la discapacidad.

CERMI trasladó a los diferentes grupos del parlamento su propuesta para conseguir que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad prime la igualdad de condiciones.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza en su artículo 13 el acceso a la justicia, justo lo que quiere conseguir CERMI con las aportaciones que ha realizado. Tanto el derecho a la defensa como el derecho a la justicia son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar.

Otro de los pilares para mejorar la ley es la universalización de la accesibilidad a la justicia para personas con discapacidad en España.