Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales deben a las organizaciones sociales de la discapacidad más de 230 millones de euros, sobre todo, en ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas, según denuncia el CERMI, que agrupa a las principales organizaciones del sector.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad señala en un comunicado que la deuda se ha incrementado respecto a 2011 en 75 millones, ‘lo que evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos no se resuelve, sino que se intensifica con el paso de los meses’.

De este volumen total de deuda, casi 85 millones de euros corresponden a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.

Junto a las ayudas y subvenciones concedidas y no abonadas se encuentran las deudas de carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios, recuerda.

‘Esta insostenible situación está poniendo en peligro la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable’, expone el CERMI.

Para paliar este problema, el comité ha reclamado al Gobierno que habilite un mecanismo extraordinario para abonar las deudas pendientes de las administraciones territoriales con las organizaciones de tercer sector de acción social, exclusivo para este tipo de entidades.