‘Simplificar el conjunto de normas actuales relacionadas con las barreras arquitectónicas y la discapacidad’ y dar un paso más allá en materia de accesibilidad. Es el objetivo que pretende conseguir la Generalitat de Cataluña, que aprobó este martes el proyecto de ley de accesibilidad, iniciado en la anterior legislatura, para unificar toda la legislación que existe al respecto.

La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, destacó que el proyecto que ahora iniciará su trámite en el Parlamento autonómico agrupará la amplia normativa actual -de ‘difí­cil aplicación’, dijo- e irá más allá de una regulación sobre las barreras arquitectónicas, que, según admitió la propia consejera, siguen existiendo. Se trata de un marco de referencia, cuya concreción deberá llegar una vez aprobada la normativa en la cámara, y que ‘no bajará el listón en la mejora de las oportunidades’ de las personas con discapacidad, tal y como aseguró Munté.

Más de 476.000 personas sufren alguna discapacidad legalmente reconocida en esta comunidad autónoma, lo que representa el 6 por ciento de la población, aunque entre los mayores de 75 años se supera el 10 por ciento, debido a la tendencia al envejecimiento de la sociedad. La propia consejera, que recordó que Cataluña ya fue ‘lí­der con la aprobación del Decreto de Supresión de Barreras Arquitectónicas’ en 1995, reparó en que la norma se propone ahora un abordaje más integral para avanzar con medidas sobre la accesibilidad en el territorio -también en edificios municipales y de la Generalitat-, así­ como en determinados productos y servicios.

El texto normativo se elaboró en ‘colaboración activa’ con las entidades representativas del sector de la discapacidad, que habí­an reclamado, precisamente, una normativa de estas caracterí­sticas.