La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado recientemente a la Consejerí­a de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, tal y como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en una solicitud o valoración de dependencia en un plazo razonable, le remita una notificación por escrito.

Así­, según publica la revista el ‘Defensor al Dí­a’, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia comunicaciones por escrito a los interesados para informales del estado de la solicitud. Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado. Así­, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejerí­a de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no habí­a contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses. No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el número correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente. En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes, pero no puede ser la única ví­a de comunicación. ‘De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos’, añade.

Por último, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.
No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.