Becerril aboga por extender el…

En la imagen, un cuidador sujeta las manos de una persona dependiente.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso extender a las empresas y organizaciones benéficas que prestan servicios sociales la posibilidad de establecer aplazamientos en el pago de sus deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, un privilegio concedido de momento solo a los ayuntamientos.

Precisamente, Becerril hizo esta consideración el pasado viernes, tras aplaudir que la ampliación del Plan de Proveedores, aprobada por el Gobierno, recoja varias de las propuestas formuladas por la Institución que dirige. En marzo de este año, la oficina del Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno que garantizase la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas con medidas que facilitaran el pago de las deudas que tienen contraí­das con los proveedores y prestatarios de estos servicios.

Según recordó Becerril, el decreto aprobado por el Ejecutivo en esta lí­nea amplí­a la definición de proveedor e incluye en el Plan de Pago a Proveedores los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales. Igualmente, prosiguió, incluye los convenios de colaboración y las transferencias de las CCAA o de los ayuntamientos a instituciones sin fines de lucro y asociaciones con fines sociales que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención a menores, personas con discapacidad y tercera edad.

A juicio de la defensora del Pueblo, las medidas aprobadas están en lí­nea con lo que pedí­a la institución que dirige y ayudarán al mantenimiento de los servicios asistenciales básicos que prestan las administraciones local y autonómica. No obstante, podrí­an mejorarse, a su parecer, si se extendieran a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan servicios sociales y soporten morosidad de las administraciones.