La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho hoy que el Gobierno está de acuerdo con las ayudas para subvencionar el coste de los trabajos de los discapacitados, pero ha advertido de que hace falta poner orden en la gestión de su financiación y que lo hará con las Comunidades Autónomas.

Esta cuestión la abordará el próximo lunes con las comunidades autónomas en la que será su primera Conferencia Sectorial, según ha anunciado la ministra al responder a una interpelación parlamentaria del diputado Emilio Olabarrí­a en el Congreso de los Diputados sobre la continuidad de los centros especiales de empleo.

Bañez ha respaldado la labor de estos centros en la inserción laboral de los discapacitados, que en 2011 fueron el origen del 66% de los contratos de las personas con discapacidad, aunque ha hecho hincapié en el “panorama incierto” que atraviesan por el “vaivén legislativo en los últimos años”.

Como prueba de ese panorama ha mencionado la legislación aprobada en 2009 que tení­a como finalidad incrementar con carácter transitorio la cobertura desde Empleo para el mantenimiento de los puestos en estos centros.

De esta forma, se trataba de incrementar los porcentajes de las ayudas del 50% del salario mí­nimo interprofesional al 75%, una norma que contemplaba una “medida razonable y justa”, según Bañez, pero que no precisaba cómo se iba a financiar.

“Se tuvo una buena idea, que fue aplaudida y apoyada por todos, pero también es verdad que no se financió, como en otras muchas polí­ticas sociales, convenientemente por el antiguo Gobierno socialista”, ha comentado

Como consecuencia de ello, según la ministra, algunas Comunidades han tenido que traspasar partidas de polí­ticas activas de empleo o financiar ese incremento con fondos propios, lo que ha creado una “gran desigualdad” entre los discapacitados de una zona u otra.

Además de analizar la situación de estos centros con las Comunidades, también la ministra se reunirá con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para hacer un plan de trabajo para los próximos años y con los grupos parlamentarios para escuchar sus iniciativas.

De momento, el diputado del PNV le ha anticipado hoy que cuando se debata el proyecto de ley de la reforma laboral su grupo presentará una enmienda para que se mantengan estas ayudas del 75% para el empleo de los discapacitados.

A Olabarrí­a le crean “incertidumbre y preocupación” algunos elementos de la reforma laboral en relación al futuro de estos centros que acogen a personas que padecen situaciones de vulnerabilidad para el empleo.

Por ello le ha pedido a la ministra que respalde esta enmienda al texto, en el que “no hay una sola mención a los centros especiales de empleo, pues es una forma de promocionar el trabajo en el colectivo.