Asistir a una ví­ctima de tráfico supone a la compañí­a aseguradora un ahorro de hasta un 90% si el lesionado es atendido en un hospital público en lugar de una clí­nica privada, cuando nueve de cada 10 centros de este último sector tienen una unidad especializada para atender a estas personas.

Ésta es la principal conclusión de ”˜La gestión asistencial de los accidentados de tráfico. Evolución, lí­neas rojas y retos futuros”™, el primer informe de la Fundación Global Salud (auspiciada por la Federación Nacional de Clí­nicas Privadas) y presentado este martes en Madrid por César Castel, socio director de Solutia Global Health Solutions, entidad encargada de elaborar el estudio. El informe indica que, a pesar de que en los últimos años se ha reducido el número de accidentes de tráfico y el de fallecidos, anualmente más de 100.000 personas son ví­ctimas de este tipo de siniestros, al pasar de 162.424 en 1990 a 128.320 en 2014. Además, apunta que el coste de la atención sanitaria a las ví­ctimas de accidentes de tráfico no lo asume la sanidad pública, sino las aseguradoras a través del seguro de responsabilidad civil que todo propietario de un vehí­culo debe contratar.

El conductor no queda cubierto por ese seguro y tiene que contratar uno especí­fico para sufragar sus gastos médicos, ante lo cual puede elegir entre un centro público o privado para recuperarse. Después, el centro sanitario reclama el importe al seguro. El informe recalca que el 90% de las clí­nicas privadas tienen una unidad especializada en la atención a ví­ctimas de tráfico, que facilitan los trámites administrativos y disponen de médicos especializados y profesionales de otras disciplinas. Sin embargo, indica que este modelo está “en peligro” por dos razones. La primera es que “la sanidad pública está realizando una competencia desleal al diluir sus costes especí­ficos de atención a los accidentados en el prespuesto global público”. Es decir, el coste de los tratamientos de atención sanitaria, que deben pagar las aseguradoras, varí­a porque un centro público cobra hasta un 90% menos que una clí­nica privada. El informe pone un ejemplo: una misma patologí­a cuesta 591 euros a un hospital público y 4.419,72 euros a una clí­nica privada, en ambos casos con Convenio de Asistencia Sanitaria derivada de Accidentes de Tráfico.

Si el centro privado no tiene convenio, entonces supone 9.338,46 euros. La otra razón esgrimida en el informe es la aparición de “gestoras de los lesionados” promovidas por las entidades aseguradoras y que carecen de infraestructura clí­nica propia y ofrecen una menor calidad y garantí­a asistencial al accidentado. Por último, el estudio alude a la asistencia psicológica como “la gran olvidada” en la atención a los lesionados de tráfico porque no está cubierta por los seguros de vehí­culos, aunque el nuevo baremo de indemnizaciones a las ví­ctimas reconoce su necesidad.