El sector de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), junto con Feacem acaban de aportar una serie de consideraciones en materia de discapacidad al primer documento del Plan de Empresa y Derechos Humanos del Gobierno de España, que han dirigido a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Precisamente, el Plan -que sigue la metodologí­a utilizada en el Informe del representante especial del secretario general para la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, sobre los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, respaldado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-, está recogiendo las aportaciones de distintas partes, con el objetivo de elaborar un segundo documento más concreto y definido.

Estos Principios Rectores suponen la puesta en práctica del Marco de Naciones Unidas ‘proteger, respetar y remediar’, y establecen un marco global autorizado sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos, con el objetivo de que contribuyan a asegurar que éstas respeten los derechos humanos en sus propias operaciones y a través de sus relaciones comerciales.

En este contexto, el Gobierno español pretende con el Plan de Empresa y Derechos Humanos los compromisos contraí­dos por España en el seno de las Naciones Unidas y vincular las empresas, públicas y privadas, en su respeto y promoción, mejorando a su vez la comprensión de los retos que afrontan en el exterior.

Así­, el sector de la discapacidad, que estima “positiva y necesaria” la aplicación de un marco de derechos humanos en el ámbito empresarial español, considera que también es necesario incluir algunos aspectos en este Plan desde la perspectiva de la discapacidad, a la luz de la Convención de la ONU, de la que España es parte, y que concreta la relación entre derechos humanos y discapacidad, la cual debe tener su impacto en la actuación empresarial.

Por último, en relación a los tres ejes fundamentales en los que se basa el Plan, que son: la obligación del Estado de proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y un mayor acceso a la reparación, judicial y extra-judicial, por parte de las ví­ctimas, el Cermi y Feacem exponen que “sorprende” que el de las empresas sea uno de los tres pilares menos desarrollado, con sólo tres medidas.