El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se felicitó este sábádo ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a una comunidad de vecinos de Gandí­a (Valencia) a hacerse cargo de las obras necesarias para que su piscina sea accesible a las personas con discapacidad.
Precisamente, así­ lo habí­a solicitado una familia habitante en el inmueble con un hijo en esta situación, petición que la comunidad se negaba a asumir. En su sentencia, el Supremo concluye que tal negativa “es un abuso de derecho contrario a la ley”.

Asimismo, para justificar su decisión invoca la especial protección que el ordenamiento jurí­dico depara a las personas con discapacidad (según el artí­culo 49 de la Constitución española y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), y señala la función social de la propiedad y los lí­mites a que esta se puede someter para dar satisfacción a necesidades de dicho colectivo, como son la accesibilidad de su vivienda y de los elementos comunes.

Por último, a juicio del Cermi, este es un argumento de peso que “avala la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad horizontal, “demanda insistente del movimiento asociativo de la discapacidad que los sucesivos Gobiernos han ignorado, condenando a miles de personas a vivir en condiciones indignas”.