El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió recientemente la intención del Parlamento de regular la actuación de los grupos de presión ante los poderes públicos, ya que considera que esta ordenación “mejorará la gobernanza de los asuntos públicos y la toma transparente de decisiones, de la que tanta falta tiene nuestra democracia”.

Precisamente, a juicio del Cermi, una entidad que opera como instancia cí­vica de presión de la discapacidad organizada, la creación de un registro de grupos de presión y el sometimiento de éstos al cumplimento de una serie de requisitos supone un “avance para la calidad y la transparencia” del sistema democrático, y, además, en su opinión, “deben formar parte de una serie más amplia y ambiciosa de medidas de regeneración de lo público que precisa España”. “La publicidad, la transparencia y la existencia de un conjunto de reglas a las que atenerse benefician a los grupos de interés, como el de la discapacidad, que defiende derechos y ejerce tareas de incidencia polí­tica, siempre en defensa de propuestas y demandas legí­timas, absolutamente claras y explí­citas”, señala el comité.

Por último, en este sentido, añade que la discapacidad organizada “no tiene agenda oculta, sus intereses son siempre legí­timos y confesables, por lo que la regulación de los grupos de interés permitirá plantearlos y defenderlos de modo más eficaz y productivo”.