El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha desgranado en un informe de su Asesorí­a Jurí­dica los cambios que afectan a la discapacidad en la regulación de la asistencia jurí­dica gratuita, según establece el Real Decreto-Ley por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Sistema de Asistencia Jurí­dica Gratuita.

Así­, el Cermi recuerda que la asistencia jurí­dica gratuita conlleva la exención de pago de distintas prestaciones, a las que se les ha añadido la exención de pago de las tasas judiciales, cuyo importe, según afirma el Comité, se elevó de forma ‘muy importante y con consecuencias muy negativas’ recientemente.

En cuanto a los cambios que inciden sobre las personas con discapacidad y sus familias, para el Cermi, apuntan mejoras, ‘sin duda todaví­a insuficientes’, y se han conseguido gracias a la labor reivindicativa del Comité, ya que, según explica, es un tema ‘clave’ para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser ejercidos.

Entre las modificaciones que se establecen, destaca que, por primera vez, un supuesto de asistencia jurí­dica gratuita no tiene en cuenta la existencia de recursos o ingresos a favor de las personas con discapacidad intelectual, en el caso en que sean ví­ctimas de abuso o maltrato. Para el Cermi es un ‘avance y un primer paso’, pero reclama que se extienda a otras discapacidades como el trastorno mental o con discapacidades del desarrollo, así­ como a aquellas situaciones en las que puedan verse afectados sus derechos e intereses.

Otro cambio al que hace referencia el Cermi es que se ha incrementado el umbral económico de las personas con discapacidad, que, hasta ahora, era el cuádruplo del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) y ahora pasa a ser el quí­ntuplo (37.275,7 euros). Además, según este cambio, las personas que ahora se beneficien del nuevo umbral pueden solicitar el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la Ley de Regulación de las Tasas Judiciales, que han sufrido un ‘extraordinario’ incremento.

Por último, a juicio del Cermi, un elemento ‘preocupante’ de esta normativa ‘de urgencia’, que deberá ser consolidada en la futura Ley de Asistencia Jurí­dica Gratuita, en proceso de gestación por el Gobierno en estos momentos, es el cambio en los criterios de valoración de la capacidad económica y patrimonial en el caso de personas jurí­dicas, que supone una restricción para que estas entidades puedan beneficiarse de la justica gratuita, y que el Cermi reclamará que se elimine en la norma legal definitiva que se prepara.