El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado recientemente por el Gobierno ‘desnaturaliza’ los servicios sociales, al convertirlos en ‘meras oficinas de mediación’, y hará ‘peligrar miles de puestos de trabajo’, según vaticina la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El valor de la proximidad’, presentado ayer en Madrid por los responsables de la organización, quienes, además, han entregado el texto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, concretamente al PSOE, UPyD e Izquierda Plural. ‘Esta reforma es tan grave o más para los servicios sociales que la de la Ley de Dependencia’, aseguró el presidente de la asociación, José Manuel Ramí­rez, que ha recordado que del sistema de servicios, gestionado por ayuntamientos y corporaciones locales, dependen siete millones de personas y más de 50.000 puestos de trabajo. El coste en 2011 fue de unos 1.330 millones de euros.

Asimismo, ha indicado que esta ley consagra como ‘sospechosos’ a los trabajadores y concejales de los ayuntamientos de ser ‘solí­citos’ por su cercaní­a a los problemas de los ciudadanos, al timepo que ha advertido de que es ‘inmisericorde’ con el medio rural y que iguala ‘proximidad y despilfarro’. ‘La factura se va a pagar con menos cohesión social y con el sufrimiento de los de siempre: mayores, personas con discapacidad, dependientes y familias con hijos menores enfermos’, aseveró.

Por último, como consecuencia de esta reforma, directores y gerentes advierten de que ‘peligran miles de puestos de trabajo de servidores públicos’ en los ayuntamientos y se puede adivinar el comienzo de un ‘largo proceso privatizador’ de cientos de servicios.