La fiscalización del Plan de Reformas presentado ante las autoridades europeas por el Gobierno de España en 2012 se encuentra detrás de las prisas del Ministerio de Sanidad para aprobar el copago de medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes no ingresados.

Precisamente, esta cuestión ha desatado una nueva polémica en el entorno de la Sanidad Pública y ha soliviantado los ánimos en la comunidades autónomas, ocho de las cuales -Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Paí­s Vasco, Castilla y León, Extremadura Canarias y Andalucí­a- no aplicarán el modelo, al menos de forma inmediata. Entre los enfermos que habrán de copagar sus fármacos a partir del 1 de octubre se encuentran afectados por cánceres, hepatitis y otros cuadros clí­nicos considerados como graves y, en ocasiones, crónicos.

Asimismo, la precipitada decisión adoptada por el departamento que dirige la popular Ana Mato ha generado una oleada de protestas y el rechazo entre sus colegas de cartera regionales. El lunes, una reunión técnica Gobierno-comunidades que se convoca de forma periódica abordará en uno de sus puntos esta polémica decisión. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicó a través del Boletí­n Oficial del Estado (BOE) que, a partir del 1 de octubre, los hospitales españoles comenzarán a facturar a los pacientes ambulatorios un 10% de sus tratamientos farmacológicos, con un tope de 4,2 euros por envase dispensado.

Por otro lado, representantes de Comunidades Autónomas que han participado en las reuniones con Sanidad a nivel técnico para abordar este copago aseguran que en el mes de junio el Ministerio convino que serí­a prudente repensar esta medida; incluso, habilitar que cada autonomí­a aplicase su propio criterio sobre el asunto. Tres meses después, Ana Mato ha dado luz verde a un plan “al que nos hemos opuesto verbalmente. Hemos dejado claro que no estamos de acuerdo y que, además, no tenemos forma de cobrar a los ciudadanos porque no existe una infraestructura para ello.

Por último, la urgencia de la resolución de Sanidad sobre esta cuestión obedece a que, pese a haberse establecido el copago para los medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia, el cobro parcial de los mismos a los pacientes tratados de forma ambulante en los hospitales permanecí­a pendiente. Con todo, Sanidad se habrí­a mostrado sensible a que aquellas regiones que presente problemas logí­sticos para el cobro del copago el 1 de octubre lo hagan posteriormente, cuando habiliten las fórmulas y los procedimientos de gestión necesarios.