La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Virus del Papiloma Humano (AAVP) criticó a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por publicar un comunicado el pasado 5 de noviembre negando relación alguna entre la vacuna contra el papiloma humano (VPH) y las patologí­as desarrolladas por las afectadas, anuncio que denuncian que se realiza antes de que haya concluido la investigación por parte del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA (PRAC).

En este sentido, las afectadas se preguntaron el porqué de este anuncio, ya que, según afirmaron, la Agencia Europea del Medicamento les informó de que la investigación no ha concluido aún y no lo hará hasta el 31 de mayo de 2016.

Las patologí­as que han desarrollado las afectadas por la vacuna son el sí­ndrome de dolor regional complejo y el sí­ndrome de taquicardia postural ortostática, algo que la EMA niega que tenga relación con la administración de la vacuna.
Asimismo, anunciaron que dudan de la independencia de los miembros del PRAC, quienes estudian la relación entre la vacuna y las patologí­as, y solicitaron a la Agencia Europea del Medicamento información relativa a los posibles conflictos de intereses que podrí­an darse entre los miembros del equipo de investigadores.

Sin embargo, señalan que la EMA les dio como respuesta que no puede facilitar documentación ni información relacionada con la revisión hasta que el proceso termine, en mayo del próximo año.

Esta asociación de afectadas realizó un estudio sobre la base de datos de la EMA en cuanto a posibles reacciones adversas frente a la administración de la vacuna, y ha concluido que “llama poderosamente la atención el elevado número de muertes y enfermedades de tipo neurológico”. La EMA concluyó, en cualquier caso, que los beneficios de las vacunas del VPH son mayores que los riesgos, algo que no convence a las afectadas, quienes han puesto en tela de juicio las comunicaciones presentadas por los expertos de la Agencia Europea del Medicamento.

El próximo viernes esta asociación se reunirá junto a sus abogados con el director general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para trasladarle al Gobierno su situación.