El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha reiterado en el Congreso una de las reivindicaciones del colectivo, la reforma de la Ley Electoral (LOREG) para que 80.000 personas no se queden sin votar por una “sentencia judicial que les condena a no hacerlo por tener discapacidad”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, Pérez ha recalcad que, en realidad, pueden hacerlo, y que este impedimento va en contra Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como recoge Europa Press. Igualmente, ha reclamado una reforma de la Constitución para que se reconozcan e incluyan los derechos sociales, así­ como una revisión de la Ley de Dependencia, que este año cumple diez años, o de los actuales baremos de valoración de la discapacidad.

En este sentido, cree que tiene que reformarse la Constitución para que se reflejen en ella “los principios rectores de la polí­tica social y económica”, y se definan en la parte de derechos fundamentales y “con mecanismos de garantí­a financiera”. Además, quiere que el artí­culo 49, único que hace mención a la discapacidad, se traslade a esa primera parte de los derechos fundamentales. Sobre la Ley de Dependencia, Pérez Bueno ve conveniente la revisión de la norma en su décimo aniversario porque ésta “no ha respondido a expectativas del sector”, ya que sólo reconoce al 20% de las personas con discapacidad como dependientes, cuando la cifra es superior.

A su juicio, otro de los “problemas graves” que afecta a la discapacidad actualmente es la situación de los baremos que se emplean para valorar la discapacidad de una persona, basados en un decreto “obsoleto” de 1999, que sólo atiende a valores médicos y no a las barreras existenciales, una norma que es previa a los nuevos modelos difundidos por la OMS, así­ como a la Convención de Discapacidad de la ONU.