El sector de la dependencia ha alzado la voz para rebatir al Ministerio de Sanidad  las cifras que hablan de mejoras en la lista de espera y de incremento de fondos. Sanidad anunció el pasado viernes un alza de 117 millones en el nivel mí­nimo de financiación y se congratuló de la reducción de las listas de espera en 74.081 dependientes. Sin embargo, José Manuel Ramí­rez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, contesta con dureza a estas cifras y al comunicado de Sanidad, que tilda de “una desvergonzada mentira demagógica”.

Según explica “no es que se haya reducido el número de dependientes en lista de espera es que directamente se les ha expulsado del sistema. Hay 160.000 dependientes moderados que estaban incorporados al sistema para recibir ayudas desde 2011 y a los que, si estaban todaví­a en espera, se les ha echado literalmente del sistema con las reformas que se han aprobado. Primero se les expulsó hasta 2014 y luego se decidió que hasta 2015”. Por esa razón, Ramí­rez insiste en que la reducción de las listas de la que habla Sanidad es “simplemente falsa; es como si de repente se decidiera en la sanidad dejar de financiar las operaciones de catarata y luego se dijera que ha desaparecido la lista de espera”.

Con todo, Ramí­rez recuerda que, incluso sin tener en cuenta la expulsión del sistema de los dependientes moderados, la lista de espera asciende todaví­a a más de 200.000 personas, y “el haberla reducido en estos meses en sólo 20.000 personas, como se jacta Sanidad de haber hecho, significa, ni más ni menos, que no desaparecerá hasta dentro de diez años”.

Concretamente, las cifras muestran cómo a 1 de noviembre habrí­a todaví­a 231.854 personas con derecho reconocido a recibir ayudas pero a la espera de recibirlas. Se trata del 23 por ciento del total. Pero este porcentaje  asciende a mucho más en algunas autonomí­as, como Canarias, donde llega al 50,6 por ciento, Galicia (37) o Valencia (33,8 ).

Impagos
A este problema Ramí­rez añade “los impagos que se están produciendo en varias autonomí­as, como en Valencia donde se adeuda el pago de las cuotas a los cuidadores familiares desde agosto”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) estima la deuda global en 300 millones de euros, si bien la Federación de Asociaciones de Dependencia eleva esta cifra hasta los 900 millones de euros por impagos en los conciertos con las residencias.