Martes, 29 de Julio de 2014
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El Consejo Interterritorial acuerda la modificación del copago farmacéutico para frenar el exceso de consumo de medicamentos

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Ana MatoEl Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó en su reunión de ayer miércoles, 18 de abril, una serie de medidas destinadas a mantener la sostenibilidad del SNS. Uno de los acuerdos adoptados ha sido el de modificar el copago farmacéutico, sobre todo como medida disuasoria para frenar el exceso de consumo de medicamentos existente en España.

La ministra señaló, al respecto, que España, que es el segundo consumidor mundial de fármacos, destruye cada año 3.700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se han utilizado. Los expertos cifran este despilfarro en un 10 por ciento del gasto farmacéutico, por lo que el Ministerio calcula un ahorro de más de 1.000 millones con esta medida. Para combatir estas prácticas, además, se tiene previsto adecuar los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.

La modificación del copago farmacéutico, según explicó la ministra en la posterior rueda de prensa, da paso a un modelo equitativo "más justo" que tenga en cuenta la renta, donde "aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen". En concreto, los ciudadanos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40 por ciento, de los fármacos, como hasta ahora, a aportar el 60 por ciento. Por su parte, los activos con obligación de tributación en el IRPF pagarán el 50 por ciento. Los activos que no tengan obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas aportarán el 40 por ciento.

En cuanto a los pasivos, los que tengan menor poder adquisitivo también estarán exentos de las aportaciones. Por su parte, los pensionistas con rentas bajas pagarán el 10 por ciento, con un límite de ocho euros al mes. Estas propuestas, que como indicó, Mato serán trasladadas al Consejo de Ministros de mañana viernes, "no son medidas en sí recaudatorias porque no se hacen para recaudar, sino que también pretende poner freno al gasto farmacéutico excesivo". La ministra calcula que podrían entrar en vigor en un plazo no superior a dos meses.

Asimismo, en materia de farmacia se han acordado otras medidas como la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, que permitirá un ahorro de 400 millones, y el impulso al uso de genéricos y fármacos de menor precio, que facilitará un ahorro adicional de unos 350 millones. Otro de los objetivos del Ministerio en esta materia es el de retomar el tema de la monodosis.

"Vamos a trabajar para que las presentaciones de los medicamentos tengan las unidades adecuadas a la prescripción médica, para ello pediremos un esfuerzo a la industria farmacéutica para que no sobren pastillas en las cajas de medicamentos, con lo cual se conseguirá una mayor eficiencia en el uso de los fármacos". En opinión de Ana Mato, la introducción de estas medidas servirá, además, "para poner en valor el medicamento".

En la reunión, la ministra ha planteado a los responsables autonómicos otras medidas de reforma del Sistema Nacional de Salud que permitirá generar un ahorro que supere los 7.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, como la adaptación correcta de la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el SNS. El motivo es que se ha constatado que el SNS está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, a partir, como explicó Mato, de un informe del Tribunal de Cuentas, según el cual, se ha utilizado mal la asistencia sanitaria por parte de los extranjeros tanto europeos como de otros países. De tal forma que, como anunció la ministra, uno de los primeros pasos a dar es la incorporación al Derecho español un artículo de una directiva que está sin adaptar al derecho español, que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria.

"Como España no tiene incorporado ese artículo, muchos europeos se desplazan de forma explícita en busca de atención sanitaria, de tal forma que hay personas que cuentan con más derechos que los propios españoles. Se empadronan en España, se les da una tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, reciben asistencia, se vuelven a su país de origen y la factura de esa asistencia la pagamos aquí".

Se pretende cambiar esta situación, modificando el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar que es lo que da derecho al aseguramiento. "Con estas medidas además de atender una demanda social se ahorran, según el Tribunal de Cuentas, 1.000 millones de euros que se están gastando de más en este tipo de prestación sanitaria", tal como indicó.

La reforma sanitaria garantizará, asimismo, una cartera básica de servicios del SNS, que asegure que todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan y de la que sean, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias en todas las CC.AA, bajo tres requisitos: calidad, eficacia y eficiencia, "para lo cual se va a contar con la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, constituida en el anterior Consejo Interterritorial y que se encargará de evaluar permanentemente la cartera de servicios", explicó la titular de Sanidad, quien se comprometió a presentar en la siguiente reunión de este Consejo, esta cartera básica común para todos los ciudadanos.

El CISNS ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia. De este modo, la cartera común de servicios estará compuesta por una Cartera común básica de servicios asistenciales, que incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

Asimismo, se contempla una Cartera común suplementaria, que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario, y a la que se suma otra cartera común de servicios accesorios, con las actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, como, por ejemplo, productos dermatológicos para pacientes con enfermedades raras.

En lo que se refiere a la ordenación de Recursos Humanos, el Consejo presentará los primeros resultados del Grupo constituido para tal fin en su próxima reunión, entre los que se encuentra un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.

Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

Por otro lado, según informó Mato, se va a trabajar en una plataforma centralizada de compras que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, con lo que se podrá ahorrar más de 1.000 millones. Como recordó la ministra, las compras centralizadas ya se han aplicado en ciertos fármacos, como las vacunas de la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido 14 comunidades autónomas, y que, según el Minis terio de Sanidad, ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.

En la reunión también se abordó la creación de un Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El objetivo, tal como se explicó es, además de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el SNS, mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías y a las personas que viven en zonas limítrofes, y que "va a permitir mayor cohesión social y territorial", en opinión de la ministra de Sanidad.

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