Viernes 24 de febrero de 2017

El Consejo de Ministros aprueba la renovación de Bartolomé Vargas Cabrera como fiscal de Sala de Seguridad Vial para otro mandato de cinco años

Entrevista del 2 de abril de 2012

Tras ingresar en la carrera Fiscal, tomó posesión de su primer destino 1976, como Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Cinco años más tarde, fue nombrado Abogado Fiscal de la Fiscalí­a de la Audiencia Provincial de Málaga, promoviéndole a la Categorí­a Segunda y continuando en su destino. Después de ser nombrado Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara en 1988, y de aceptar el cargo como Fiscal del Tribunal Supremo en la Sección de lo Penal en 1994, recibió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort en 1999. Actualmente ejerce de Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, puesto que ocupa desde 2006. Además, ha ejercido actividad docente en las Universidades de La Laguna, de Málaga, en la Escuela de práctica jurí­dica de la Universidad de Alcalá de Henares; y desde 1993 ha impartido clases como profesor de Derecho Penal Económico en el Master de Asesorí­a Jurí­dica del Instituto de Empresa y en la asignatura de Práctica Procesal Penal en la Escuela de Práctica  Jurí­dica de la Universidad Pontificia de Comillas.

José Ramón Caamaño

¿Cuándo y por qué surge la Fiscalí­a de Seguridad Vial en España?

Surge en el año 2006 en un momento en el que en nuestro paí­s se estaban desarrollando respuestas decididas  a la siniestralidad vial en el ámbito preventivo y sancionador. Se acababa de aprobar la ley 17/2005 sobre el llamado carnet por puntos, y faltaba la respuesta en el ámbito de la Justicia. La figura de Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial que tuve el honor de inaugurar significaba un compromiso del Ministerio Fiscal con la seguridad vial. En primer lugar desde la especialización, con conocimientos sobre el tráfico cientí­ficos, tecnológicos, apertura a las esferas educativas y contacto con las entidades e instituciones relacionadas con la materia. En conexión con todo ello, para  promover una respuesta penal proporcionada, disuasoria y rehabilitadora que impulse una conciencia de respeto a la ley en las ví­as públicas, protegiendo los bienes jurí­dicos más relevantes, la vida e integridad fí­sica de los usuarios.

¿Cómo funciona la coordinación entre las diferentes fiscalí­as? ¿Ve necesario un entramado que incluye fiscales autonómicos y provinciales?

Trabajando a mi lado  hay dos Fiscales Adscritos con dedicación (más que dedicación entrega) exclusiva como yo a la delincuencia vial y su contexto. Coordinamos a nivel nacional, con el seguimiento de asuntos y elaborando los pertinentes criterios, la actuación de los Fiscales en los procesos penales correspondientes (su cifra es elevadí­sima, ya casi el 50% de las diligencias urgentes que se tramitan en los Juzgados de Instrucción de todo el paí­s). La reforma penal operada por LO 15/2007 ha generado en los 4 años de vigencia más de 300.000 sentencias de condena que significan, como antes dije, una aportación relevante a la cultura de respeto a las leyes y solidaridad en el tráfico viario.

En cada provincia y de momento en tres Comunidades Autónomas hay un Fiscal Delegado de Seguridad Vial. Constituyen una red coordinada por mí­ e  interconectada a través de un Foro Virtual que permite rápidas comunicaciones. Los Fiscales Delegados lo son por razones vocacionales, de creencia en la tarea que llevan a cabo. Lo digo porque no están relevados de trabajo. Sacan de su tiempo libre esfuerzos para trabajar en sus cometidos. Están en estrecho contacto con la policí­a judicial y autoridades de tráfico, así­ como con las entidades públicas y privadas que trabajan en seguridad vial.

Es objetivo prioritario hacernos, como apunté, con formación cientí­fica de todo orden sobre el tráfico, no sólo jurí­dica, para difundirla en las Carreras Judicial y Fiscal y llevarla al proceso penal. Tenemos en esta lí­nea múltiples proyectos de actuación: mediación, dictámenes periciales criminológicos, alcohol, reinserción de conductores multirreincidentes alcohólicos, red de Fiscales europeos y latinoamericanos, reforma del baremo, etc.

¿Falta protección jurí­dica a las ví­ctimas de los accidentes de tráfico?

Queda bastante camino por recorrer. Es urgente una modificación del baremo del seguro, de todo punto insuficiente, especialmente para los lesionados de mayor gravedad. También la consolidación a nivel nacional de Oficinas de Atención a las Ví­ctimas y mejorar las fórmulas legales y operativas para la atención inmediatamente posterior a la ví­ctima directa del accidente y a sus familiares.

Las ví­ctimas son para nosotros desde el principio el principal referente de actuación. Han estado y de alguna manera están todaví­a en bastantes casos en un segundo plano, en  situación de indefensión, olvidadas por la sociedad y las instituciones públicas. Nos esforzamos para que  los accidentes de tráfico que revistan la necesaria gravedad no se remitan a juicio de faltas en el que hay una mera negociación económica -de resultados insuficientes en muchos casos- y sin participación ni información de los afectados. Antes, al contrario, intentamos  que de conformidad con los tipos penales se tramite un procedimiento por delito en el que tengan plena participación e información y reciban la reparación económica y moral que legalmente les corresponde. Sobre todo es preciso entender y comprender su dolor, acercarse a ellas en el contexto de una justicia de rostro humano.      

Y si hablamos en concreto de motoristas y ciclistas, quizá los más indefensos en la carretera, ¿se está trabajando en nuevas medidas de apoyo?

Son colectivos vulnerables. Los motoristas frente al estado de la carretera, los ciclistas frente a la manifiesta superioridad material y mecánica del vehí­culo de motor. En la reciente Circular 10/11 FGE hemos dicho que la protección de sus derechos ante la situación de vulnerabilidad corresponde al Ministerio Fiscal. Históricamente los Fiscales han defendido a las personas en situación de indefensión (menores, discapacitados, mujeres maltratadas,…). En las ví­as públicas nuestras funciones se tiñen con idénticos tintes. También, por tanto, velamos por  la situación de  los menores (transporte escolar, sistemas de retención), personas con discapacidad (previsiones especí­ficas para ellos, singular consideración como peatones vulnerables), tercera edad y ciclistas. Respecto de los motoristas estamos trabajando para elaborar un documento en esta lí­nea.     

El carné por puntos supuso un punto de inflexión en las carreteras de nuestro paí­s. ¿Cuál serí­a la siguiente gran medida a abordar?

Creo que hay que seguir impulsando la aplicación  de la ley del carnet por puntos y de  la  penal para que sean cada vez más efectivas. El alcohol, el consumo de drogas, los excesos de velocidad y las distracciones son las principales causas de las tragedias que suceden a diario en nuestras carreteras. Las sanciones son imprescindibles para reafirmar a  los conductores en su conciencia y cultura vial, y condicionar sus comportamientos en pro del respeto a la vida de todos los que con ellos comparten las ví­as públicas.   

Desde su punto de vista, ¿cree que el pago de multas según la renta ayudarí­a a disminuir las infracciones al volante?

El actual art 68 de la LSV establece mecanismos de graduación de las sanciones según las circunstancias personales .No serí­a desacertado potenciarlos.

Se habla de cambiar la colocación de los radares, para ubicarlos sólo en los puntos negros y las carreteras. ¿No cree que hasta ahora la colocación no tení­a sentido si el objetivo era la prevención?

La gestión de los radares es compleja y se funda en variables, estudios y razones que el gran público no suele conocer. Corresponde a la Administración y ni me compete ni debo hacer valoraciones al respecto.   

¿Qué piensa cuando se dice que las normas de seguridad en España se encaminan cada vez más a la recaudación y no a la prevención?

La función del Ministerio Fiscal es promover el respeto de la aplicación de las leyes cualesquiera  que sean. Las de seguridad vial, como las demás, emanan del Parlamento que representa la voluntad de todos, y la obligación de cumplirlas -mientras no se cambien- es idéntica a las de otra naturaleza. No puede ni debe presumirse que la voluntad del Parlamento al dictarlas es exclusivamente recaudatoria y no, por el contrario, preservar la seguridad vial, es decir, la vida e integridad de todos  los  que utilizamos las ví­as públicas.   

¿Cómo afectará a la seguridad vial el hecho de que cada más la tecnologí­a de los vehí­culos sustituirá el componente humano en la conducción?

Son una excelente herramienta para reducir el número de  ví­ctimas en las ví­as públicas las medidas de seguridad activa y pasiva del automóvil. Sin embargo, la responsabilidad individual es insustituible. Siempre habrá un referente en este sentido que humanice la conducción, salvo que las máquinas dominen a la humanidad, cosa que no creo ni es deseable. La idea de responsabilidad individual, de responder, de dar explicación o respuesta de lo que se hace,  creo que es un progreso irrenunciable del ser humano, sea cual fuere su condición o status.   

¿Cómo afectarí­a a nivel nacional la creación del Espacio Europeo de Seguridad Vial, impulsado por la Unión Europea?

Acabamos de celebrar unas Jornadas de encuentro con los Fiscales portugueses para promover un espacio ibérico de seguridad vial. Tras el dictado de la Directiva de 25-10-2011 hemos decidido empezar por la Pení­nsula Ibérica, que es una clara unidad geográfica. También nos disponemos a hacerlo con los Fiscales franceses, y seguidamente con todos los de la UE. Nuestro compromiso para luchar por un espacio europeo de seguridad vial ya lo expusimos en la Memoria del FGE e 2009. Es una vieja aspiración que empieza a dar sus frutos. No puede ser que si un conductor francés en España o un español en Francia infringe gravemente la ley penal estando de viaje goce de impunidad sólo con volver a su paí­s cuando hay una red europea de carreteras y Europa es una gran realidad geográfica sin fronteras y de transportes comunes.  

¿Cree que la gente es de verdad consciente de que un accidente de tráfico no sólo puede acabar con su vida, sino provocar discapacidades graves?

Hace falta mayor conciencia al comprarse un vehí­culo o conducirlo de  que cualquiera de nosotros puede sufrir discapacidades trágicas de por vida u ocasionarlas a personas inocentes y ajenas a nuestro descontrol o irresponsabilidad. Hay algunos que sólo piensan al adquirir el vehí­culo en un seguro para abonar económicamente la discapacidad originada por su imprudencia. Olvidan que la grave discapacidad no es “abonable ” ni ” cuantificable”, y menos con el baremo que tenemos. Lo que hay que pensar es en los seres humanos individuales que ya las han sufrido y en los que la pueden sufrir si no lo evitamos conduciendo con atención y prudencia. En ese colectivo potencial puedo estar yo, mi pareja, mi padre o mis hijos. El vehí­culo es para disfrutarlo y ser solidario con los demás, no para competir, experimentar ficticias emociones con el alcohol, las drogas o excesos de velocidad y provocar la tragedia. Es para la vida, la vida intensa y madura  en el pleno sentido de la palabra, y no para la muerte y la desgracia. 

En este sentido, ¿en qué punto se encuentra la iniciativa según la cual los conductores que hayan cometido un delito de seguridad vial tendrán que hacer trabajos en beneficio de la comunidad, como en hospitales de parapléjicos?

Estamos promoviendo estas medidas a través de las penas de trabajos  en beneficio de la comunidad y con otros proyectos de reinserción en los procesos penales en que intervenimos. Es necesario que el conductor condenado se encuentre de frente con la tragedia que ha producido (un hospital de parapléjicos es un buen lugar, lleno de sufrimientos y de esfuerzos para salir adelante). Que  reflexione y surjan en él de modo definitivo las actitudes solidarias que no tuvo al conducir descuidadamente y dar lugar a que alguien, ser humano de carne y hueso, tuviera que pasar por estos centros en que con tanto mérito se lucha para rehacerse.   

¿Cuándo educaremos eficazmente en las escuelas a nuestros niños y jóvenes en la necesaria seguridad vial?

Es la gran asignatura pendiente de la seguridad vial y la más importante. Con una buena educación desde la familia y el colegio apenas habrí­a accidentes y no serí­an necesarias sanciones ni procesos. Ha habido iniciativas y hay relevantes aportaciones. La respuesta ha venido de la sociedad civil, de profesores, policí­as  o asociaciones concienciadas. La respuesta institucional es casi inexistente y estoy convencido de que pronto se pondrá en marcha.