Madrid, 20 de mayo de 2020, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) lleva semanas solicitando a la Consejería Políticas Sociales Familia Igualdad y Natalidad, que habilite protocolos específicos y adecuados de atención a personas con discapacidad física en el proceso de desescalada, ante la eminente puesta en marcha de la FASE I. A día de hoy, la Consejería no transmite una reacción positiva a este requerimiento.

Los centros de atención temprana y atención diurna que atienden a personas con discapacidad física, se niegan atender a estas personas de manera presencial sin que existan los protocolos aprobados y validados por la Consejería, pues no asume ningún tipo de responsabilidad y derivar ésta, al entender de los propios centros.

Otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, ya ha estipulado las normas concretas que van en la dirección de articular elementos y procedimientos específicos de cada centro, que han de ser remitidos a la consejería para su validación y seguimiento.

La Federación también solicita que la consejería asuma el gasto de los equipos de protección, así como pruebas diagnósticas, para saber si los trabajadores, que se incorporan a su tarea presencial, y los usuarios que van a atender han sido infectados o se encuentran asintomáticos.

Las familias están muy preocupadas y exigen medidas y garantías para que sus hijos puedan volver a ser atendidos de manera presencial en estos centros de atención diurna porque, su atención hay que llevarla a cabo con profesionales y no tanto a través de videoconferencias.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “tenemos que hacer las cosas bien porque, de lo contrario, estaremos poniendo en serio riesgo a miles de personas con un alto grado de vulnerabilidad. Es importante que la consejería asuma un papel de mínimos, aunque nuestros centros tengan que adecuarlos a las características específicas de cada espacio. El atender a las personas de manera presencial, también aumenta el gasto en más rutas y profesionales que cubran sus desplazamientos, en EPIs que ya han sido abonados por las estas entidades y que nadie ha sufragado y, unos test tan necesarios, como imprescindibles para tener garantías de que, la vuelta a la normalidad, se va llevar a cabo sin poner en riesgo más vidas.”

Los centros temen que, si no se hace una desescalada adecuada, pueda ocurrir lo mismo que ha pasado en las residencias de mayores, por no tener detectados a las personas infectadas o las que son asintomáticas.

Nota de prensa en PDF.

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