La madre de Sevilla se ha convertido en la acreedora de la mayor indemnización de la historia judicial española, 4,2 millones de euros. Está madre no sólo no quiere mostrar su identidad, tampoco quiere nombrar el hospital -sevillano y público- donde sucedió todo. Asegura que el motivo de su anonimato es que: “tenemos que ir constantemente a la Sanidad pública y ni queremos vernos señalados, ni por supuesto que nadie pueda cometer otro error que complique aún más nuestra vida”. informó en una rueda de prensa tras conocerse el resultado de la sentencia.

La indemnización ha sido concedida tras un parto desastroso en el que su hija quedó paralí­tica, ciega, epiléptica y con un 80% de discapacidad. La madre ha asegurado que la tuvieron ocho horas esperando en maternidad, pese a que su hija ya no se moví­a en su barriga, y cuando se decidieron a hacerle una cesárea de urgencia, se terminaron demorando al menos cinco minutos más de lo que prescribe la Sociedad Española de Ginecologí­a. Cinco minutos durante los cuales su hija estuvo ahogándose.

Cuando ocurrió la madre tení­a claro que algo no iba bien por lo que, pidió su historial clí­nico: “Cuando todo pasó y nació mi hija, yo tení­a claro que allí­ habí­a pasado algo raro. Así­ que les pedí­ mi historial médico. Para mi sorpresa, me lo negaron. Tuvimos que irnos a la Justicia para que nos lo dieran, tuvimos que ganarles un pleito”. 

Fue entonces cuando la mujer y su abogado, ílvaro Sardinero, se dieron cuenta de que en ese informe faltaba información básica sobre el parto, en concreto el registro cardiotocográfico, en el que se basó el equipo médico para decidir hacer la cesárea. “Ese registro ni siquiera lo tenemos hoy, ha desaparecido”, cuenta Sardinero. El juez, censura dicha desaparición en la sentencia y de ella deviene la enorme cuantí­a de la indemnización.

La mujer estuvo durante horas sin atención y de repente decidieron hacerle una cesárea. Ese cambio de tercio, interviene ílvaro Sardinero, “sólo puede realizarse porque el registro cardiotocográfico dice que hay que hacerlo. Ese registro informa sobre el latido del bebé y las contracciones de la madre, y es clave para conducir el parto. Si decidieron hacer cesárea debió de ser porque el registro les iba diciendo que algo iba mal, que se habí­a equivocado”. 

El hospital terminó declarando al juez que no le consta registro alguno. La hipótesis que barajan la mujer y su abogado es que los resultados evidenciaban tanto la desatención o el error de juicio por parte de los médicos, que el registro nunca aparecerá. “Lo terrible no es sólo que cometan esa cadena de errores, que hayan ocultado informes, que dejaran a mi hija como la han dejado, que un embarazo normal haya terminado en una parálisis cerebral… Lo más duro es que ni siquiera me hayan dado una explicación, que llevemos cuatro años dándonos con una pared, que nadie nos haya dicho a la cara qué pasó. Que ni siquiera me hayan pedido disculpas. Es que ni eso” ha declaro la madre. 

Desde el primer momento trataron de llegar a un acuerdo para conseguir dinero y poder mejorar las condiciones durante los primeros años de vida de su hija, vitales en el desarrollo de personas con estas patologí­as: “El dinero para intentar mejorar la vida de la niña era fundamental en los primeros meses, que es cuando la ciencia tiene más margen de actuación con un neonato. Todo este dinero habí­a sido importante en ese momento, por eso intentamos llegar a un acuerdo. Ahora, con cuatro años, ya no es lo mismo”, dice Sardinero, con 20 años de experiencia en derecho sanitario. De tener un 38% de discapacidad, la menor ha pasado al 80%. Un simple defecto visual ha devenido en ceguera. Los retrasos madurativos se han convertido en algo “mucho peor”.