La fundación CERMI Mujeres con el apoyo del Foro Europeo de la Discapacidad, han pedido poner fin a la esterilización “forzosa” de niñas y mujeres en España, una práctica que, hasta la fecha, resulta legal en el territorio nacional como así­ viene recogida en el artí­culo 156 del código penal.

Datos facilitados por el Consejo General del Poder, han sacado a la luz más de 140 casos que han sido llevados a cabo solo en el año 2016, aunque según informes de las propias ONG, estos podrí­an llegar a ser más de un millar en los últimos diez años.

La petición, que ha coincidido con el dí­a Internacional de Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina, pide la rescisión de la normativa que engloba dicha práctica, inclusive de forma especí­fica si fuera dirigida a personas con discapacidad.

CERMI, quiso dejar claro que los argumentos como: el bienestar de la persona o su incapacidad para ser madre en el caso de las mujeres, no deberí­an justificar tales operaciones “forzosas”.

Las consecuencias derivadas de la esterilización “forzosa” van un paso más allá de la incapacidad reproductiva para llegar a otros efectos como las alteraciones en el desarrollo, la ansiedad y la depresión.

Ana Peláez, vicepresidenta de CERMI y del Foro Europeo de la discapacidad, añadió que se trata de la negación del derecho a la maternidad y la pérdida de identidad que sufren algunas mujeres al no desarrollar el rol social que se les asocia.