CERMI ha acudido ante el Defensor del Pueblo para denunciar a todos aquellos ayuntamientos que no cumplen con la ley que obliga a los municipios con población superior a 50.000 habitantes a tener una cuota mínima de taxis adaptados a personas con movilidad reducida.

Esta nueva ley obliga a que el 5% de la flota total de taxis de dichos municipios esté adaptado a cualquier tipo de persona.

El estudio identifica que el 63 % de los municipios obligados al cumplimiento de esta ley, están rompiendo con sus obligaciones al no permitir la reserva mínima de taxis y discriminando y excluyendo de su derecho fundamental a la libertad de desplazamiento a toda persona con movilidad reducida.

 

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