El Gobierno valenciano ha derogado la disposición que obliga a las gasolineras a disponer del personal necesario para atender a toda persona que acudiese a su estación de servicio con discapacidad y así­ evitar el pago de una multa diaria de 600.000 euros por parte de la Unión Europea.

Así­ lo indicaron la portavoz del Consejo, Mónica Oltra, y el consejero de Economí­a Sostenible, Rafael Climent, al asegurar que es una decisión que no ha sido de su gusto.

En una segunda disposición del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comundad Valenciana, se establece a las gasolineras la obligación de disponer de una persona responsable de los servicios en horario diurno que además de garantizar los derechos de las personas usuarias, sea responsable de atender a las personas con discapacidad fí­sica.