El Gobierno ha transmitido sus «discrepancias» en varias ocasiones sobre algunos de los artículos de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad que fueron aprobados por parte del Parlamento andaluz y ha acordado

con la Junta de Andalucía la organización de un grupo de trabajo que analice la situación y pueda proponer las soluciones pertinentes a dichos artículos.

La ley destaca entre otros puntos la reserva de un 1% de los empleos a las personas con discapacidades mentales.

Este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de no llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Gobierno y Junta acuerdan «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas» en relación con cinco artículos (17.4, 34.4, 34.5, 50 y 81). En los apartados de la nueva norma que cuestiona el Gobierno figuran los relativos a la regulación de la Junta sobre la participación de la iniciativa privada y sobre los requisitos de acceso al régimen de concierto.

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