El 4 de diciembre terminó el plazo para que todos los bienes, servicios y espacios de uso público sean accesibles para personas con discapacidad.

FAMMA hace un llamamiento urgente a los municipios de la Comunidad de Madrid para que el verdadero compromiso con la eliminación de las barreras pase por la creación de Agencias de Accesibilidad, que permitan detectar los problemas de movilidad generados por las barreras y establecer una estrategia de actuación para erradicarlas a corto plazo.

En la medida en la que las personas con discapacidad viven en entornos más alejados de la ciudad de Madrid, las barreras se acrecientan y la vida se complica para todas aquellas personas que viven en estos entornos con movilidad reducida.

Una Agencia de Accesibilidad debe ser un servicio funcional gestionado por los ayuntamientos en colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad profesionalizadas en accesibilidad, dedicadas fundamentalmente a las tareas de intermediación, asesoramiento, control de licencias, formación en accesibilidad, a través de acciones de apoyo al desarrollo local, diagnóstico, formulación de proyectos de inversión para la eliminación de barreras, difusión tecnológica y desarrollo de recursos humanos, así­ como a la canalización y gestión de la información para mejorar los entornos.

Los ayuntamientos están obligados a destinar partidas presupuestarias anualmente para eliminar las barreras arquitectónicas en las ciudades, y son ellos los responsables para conceder licencias o iniciar procedimientos sancionadores si se incumple la Ley de eliminación de barreras en la Comunidad de Madrid.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “es necesario actuar inmediatamente ya que el plazo establecido por la Ley ha caducado y las ciudades siguen estando llenas de barreras que dificultan la movilidad de las personas.”

Es necesario que los municipios lleven a cabo un diagnóstico de la situación que padece cada municipio, con el fin de acometer medidas desde la perspectiva de un plan de acción a corto plazo, que reduzca y elimine las barreras que tanto dificultan la vida de las personas que padecen algún problema movilidad.

Según Javier Font, “las ciudades siguen sin estar preparadas para que las personas que tienen problemas de movilidad puedan vivir en ellas con normalidad, y eso es un problema que convierte a nuestras ciudades en entornos intransitables y de negativa convivencia, en tanto en cuanto exista una única persona que tenga problemas para moverse libremente por su ciudad.”

Las multas por infracciones van desde los 600 euros hasta los 300.000, según normativa sancionadora de la Comunidad de Madrid. Esta última cuantí­a se podrí­a ampliar hasta el millón de euros, según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.