FAMMA reclama a las instituciones programas de prevención, detección e intervención contra la violencia dirigidos a las mujeres con discapacidad.

En España, según la base estatal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 1,4 millones de mujeres tiene una discapacidad reconocida administrativamente. En otras palabras, 1,4 millones de personas sufren doble discriminación: primero, por ser mujer; segundo, por tener una discapacidad.

Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar a las mujeres con discapacidad. Y esta exclusión se evidencia en mayores cotas de desempleo, salarios inferiores, mayores carencias educativas o mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y abusos…

Existen pocos datos disponibles, pero las cifras que barajan los expertos indican que entre un 40% y un 80% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia. Y a pesar de que los grupos políticos, los organismos públicos y la sociedad son cada vez más conscientes y han aumentado los programas dirigidos a asesorar y proteger a las mujeres, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, muchos de esos programas no han tenido en cuenta las peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad y son inaccesibles para ellas. Por ejemplo, a menudo, las mujeres maltratadas dependen de sus agresores para su propia supervivencia, situación que las condiciona a la hora de denunciar.

Además, reclamamos medidas efectivas a favor de la incorporación de las mujeres con discapacidad a la actividad laboral para terminar con el rol social que culturalmente se les ha otorgado y dotarlas de mayor independencia. Por ejemplo, frente al 55% de mujeres sin discapacidad que en el entorno europeo trabaja, solo tienen empleo el 25% de las mujeres con discapacidad. Y en estos casos, la calidad del empleo suele ser menor, es decir, menos retribuido, de estatus inferior y con menores ventajas que el de los hombres con discapacidad.

A todo ello, se suman otras cuestiones silenciadas en los datos oficiales: la esterilización sobre mujeres con discapacidad, la sobreprotección familiar o la desconfianza en sus capacidades.

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