Se acerca el 1 de noviembre y FAMMA denuncia, otro año más, que muchas personas con movilidad reducida no podrán visitar las tumbas de sus seres queridos por falta de accesibilidad en los cementerios.

Desde la Federación, hemos realizado un análisis desde el año 2009 y observamos una nula evolución en la accesibilidad de los camposantos de la Comunidad de Madrid. Y si los cementerios de las ciudades no han mejorado su accesibilidad, menos aún lo hacen los de las zonas rurales, donde prácticamente ninguno es transitable para las personas con problemas de movilidad.

En la mayoría de los casos, los camposantos son accesibles únicamente por donde circulan los coches para dejar los féretros. Por lo demás, están llenos de escalones, desniveles y otras barreras arquitectónicas que impiden el paso a los ciudadanos con movilidad reducida.

En palabras del Presidente de FAMMA, Javier Font, “Desde la Federación, nos ponemos al lado de las personas que han perdido un ser querido, en el dolor intenso que esta situación produce, y, a su vez, reivindicamos que se les facilite el derecho a ver a sus seres queridos”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, que recuperó en 2016 la gestión de los 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios de la capital por la falta de inversión en las infraestructuras en años, acaba de anunciar un Plan Integral de Inversiones 2017-2019.

Desde FAMMA, esperamos que estas reformas integrales mejoren la accesibilidad de estos espacios ya que las barreras arquitectónicas de los camposantos impiden la plena inclusión del colectivo, en contradicción con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

Además, desde la Federación defendemos que el hecho de que los cementerios sean accesibles no beneficia solo a los ciudadanos con discapacidad, sino también a las personas mayores o con problemas de movilidad transitorios.

La Federación recuerda a la Administración que queda poco más de un mes para el 4 de diciembre de 2017, fecha contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en el que se establece que los espacios públicos urbanizados y edificaciones, los transportes, así como los entornos, productos y servicios de uso público, deberán ser accesibles en su totalidad.

 

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