FAMMA pide una Declaración Institucional…

La Federación reclama al Ayuntamiento y al Consejo de Administración de la empresa municipal que se tomen las medidas oportunas para que estos hechos no sean reproducidos.

La Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad Fí­sica y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha intervenido este miércoles en la sesión de pleno del Ayuntamiento de Alcorcón para responder por el episodio de insultos y presiones recibidas por un trabajador con discapacidad de la empresa municipal ESMASA.

El presidente de la Federación, Javier Font, en su comparecencia ha denunciado la falta de acción del Consejo Administrativo de la compañí­a con titularidad pública y las injerencias de un concejal del municipio para diluir las vejaciones que estaba sufriendo este trabajador por parte de otro compañero.

Font, en su discurso, ha hecho una defensa férrea de los derechos de los hombres y mujeres con discapacidad, en favor de conseguir una mayor igualdad. “No es normal que no haya protocolos para proteger a los trabajadores del colectivo”. Por ello, ha reclamado a todos los grupos una Declaración Institucional para que se adopten las medidas oportunas que impidan que estos episodios vuelvan a reproducirse y de esta manera se corrijan los problemas detectados en esta ocasión.

FAMMA y las familias trabajan a diario para normalizar la situación del colectivo y alcanzar mayores cotas de autonomí­a, por ello Font “no entiende aptitudes de personas en las que han confiado los ciudadanos” que caminan en direcciones opuestas a las reivindicaciones de las personas con discapacidad.

Acabada la comparecencia de Javier Font, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha comprometido a llevar a cabo esa Declaración Institucional con acuerdo de todos los grupos municipales para defender los intereses del colectivo.

Font ha querido desmarcase del uso polí­tico del caso, manifestando que “no somos ni juez ni parte” en el asunto, reivindicando únicamente su compromiso de defensa de las personas con discapacidad. El caso actualmente está judicializado, después del que el trabajador que recibió los insultos y presiones interpusiera una denuncia por injerencias polí­ticas y la falta de toma de medidas de la empresa.