FAMMA-Cocemfe Madrid tilda de inmoral responsabilizar indirectamente a los colectivos más vulnerables como el de la Discapacidad de la actual coyuntura a través de una “camuflada” polí­tica de recortes económicos que no van a hacer otra cosa que multiplicar la pobreza y empeorar la dramática situación de miles de familias azotadas ya por un acuciante desempleo.

Consciente de la difí­cil situación económica que atraviesa el paí­s, FAMMA-Cocemfe Madrid se une a las voces que defienden que para salir de la situación actual es necesario un esfuerzo de todos. Sin embargo, también considera evidente que todaví­a hay mucho que recortar antes que atacar a los servicios públicos y a las capas de la sociedad que por su situación de discapacidad cuentan con mayores necesidades que el resto de la sociedad.

“Es indecente que los recortes siempre afecten a la clase trabajadora en general y a las capas más desfavorecidas en particular, y mientras tanto sigamos aguantando una realidad en la que, por ejemplo, las SICAV sólo tributan un 1%, o soportando innumerables noticias que hablan de pensiones vitalicias, sueldos desorbitados o gastos superfluos de aquéllos que se encargan de gestionar los presupuestos generados con nuestros impuestos”, afirma la Federación madrileña.

En este sentido la Federación insta a los responsables polí­ticos a que miren un poco más lejos para encontrar a los verdaderos culpables, y no entre los ciudadanos trabajadores que jamás han tenido culpa de esta situación económica, y que apliquen los ajustes necesarios para que los grandes especuladores económicos no campen libremente su afán de enriquecimiento personal, en detrimento del bienestar general de la sociedad. Mientras eso no ocurra, los ajustes serán injustos en la medida en que no se dirigen hacia los verdaderos responsables de la actual situación económica.

Famma-Cocemfe Madrid recuerda que, por poner ejemplo sobre el factor negativo que implica recortar en polí­tica social, la paralización parcial de la Ley de Autonomí­a Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia propiciará la exclusión de miles de personas con discapacidad y les limitará la igualdad de oportunidades para su integración, al impedirles tener más apoyos y por tanto oportunidades de acceder a una vida autónoma desde el empleo. Por el contrario, apoyar y desarrollar la Ley contribuirí­a a generar un mayor bienestar entre las personas con discapacidad, además de autonomí­a personal para trabajar, con el fin de devolver justamente a la sociedad lo que ésta les da.

Estos recortes también impiden que se faciliten los apoyos suficientes y necesarios a las personas con discapacidad que no desean entrar en ese marco de la dependencia, y garantizar así­ su plena integración en la sociedad. Así­, las personas con discapacidad continúan siendo tratadas como ciudadanos de segunda a los que se pretende recluir con unas condiciones de vida lejos de cualquier atisbo de dignidad.

“A estas personas se les está poniendo obstáculos en su deseo de colaborar a la salida de la crisis con una mayor participación social. El colectivo está cansado de que cuando las cosas van mal, la Discapacidad y otros colectivos con demandas especiales sean los primeros perjudicados”, aseguran desde la Federación.