FAMMA-Cocemfe Madrid convocó a su Consejo de Participación Asociativa la semana pasada, para valorar la actual incertidumbre que viven las personas con discapacidad, quienes la han trasladado a las asociaciones que les atienden y representan.

A esta situación se suma el impago de las subvenciones que varios ayuntamientos adeudan al tejido asociativo de la discapacidad fí­sica y orgánica en la Comunidad de Madrid desde enero de 2011, abanderando esta situación el Ayuntamiento de Madrid con importes más que significativos, que pueden ahogar a las asociaciones y propiciar su desaparición.

Las asociaciones expusieron su realidad, y una gran mayorí­a de ellas avisaron del desmembramiento del sistema social que se está reparando sin que nos demos cuenta, dividiendo al tejido asociativo, con un claro objetivo de dividir al movimiento y favorecer posteriormente a las empresas privadas, que como afirman las asociaciones, desarrollarí­an una labor y asistencia “í­nfimas” con las miras puestas en su cuenta los resultados a final de año y no en las personas.

Además, expresaron su enfado por las falsedades que pregonan los gobernantes madrileños, quienes aseguran que no va a haber recortes cuando éstos ya se están notando y sintiendo en la labor diaria de estos colectivos destinados a la autoayuda, con pocos recursos y muchas ganas de trabajar; y por las promesas desenmascaradas por movimientos que van en el sentido contrario. Las asociaciones de la discapacidad fí­sica y orgánica en la Comunidad de Madrid no se fí­an de las buenas palabras que se retratan con los hechos que se están sucediendo a todos los niveles.

Ante un futuro incierto y complicado, el tejido de la discapacidad fí­sica y orgánica no descarta ningún tipo de actuación para defender los intereses de un colectivo que siempre ha estado a la cola de las ayudas y ahora están los primeros para reducirles éstas.

Por ello plantearon posibles soluciones para hacer frente a lo que también consideran como un déficit de prestaciones en la Sanidad regional, que provocará pérdidas en los derechos de los ciudadanos y pacientes, una situación que tendrán que asumir las asociaciones para evitar que miles de personas se queden sin asistencia.