FAMMA-Cocemfe Madrid considera necesario un replanteamiento al alza de las ayudas al taxi adaptado para las personas con discapacidad. Insiste en la necesidad de diferenciar las ayudas al taxi adaptado y no adaptado porque los costes del servicio, entre uno y otro, son abismales.

Además el aumento de la flota de eurotaxis en circulación, en fechas tan señaladas como las navideñas, que de seguridad a las personas con discapacidad en sus desplazamientos y una regulación especial que vele por su debido cumplimiento es vital para el correcto funcionamiento del servicio.

Desde la Federación se asegura que; “Con la ampliación y la regulación del servicio de Eurotaxi, conseguirí­amos la seguridad que requiere el colectivo a la hora de requerir este tipo de servicio especial para personas con discapacidad, y el abaratamiento del servicio que es excesivo y desorbitado “.

Al margen de esto, los costes de los trayectos son imposibles de sufragar sin ayudas de la administración, pero estas son escasa si ponemos de manifiesto que cuestan entre 30 o 40 € el servicio. En la mayorí­a de ocasiones se reciben con bajadas de bandera que oscilan entre los 9 y los 14 euros (más el recorrido). Las ayudas más altas que se reciben por parte de la Comunidad de Madrid, son para el empleo por una cantidad máxima de 145 € al mes, y además llegan tarde o no llegan nunca. Con estos costes, estas ayudas y esta situación ¿cuántas veces puede ir una persona con discapacidad a trabajar?

Si a esto se le suma que hay personas que en el mes de diciembre aun no han recibido la ayudas y que para que se las paguen tienen que justificar un gasto realizado antes del 31 de diciembre de 2010 la situación se complica aun más. Por este y otros motivos desde la Federación se pregunta si estas son maneras y formas de ayudar a integrarse a las personas con discapacidad.

En este sentido, “la Federación urge a la concesión de un nuevo plazo para la justificación de las ayudas al transporte en taxi, que se inicie desde el momento de la concesión de la ayuda y una regulación del servicio que propicie la participación de las personas con discapacidad en la sociedad con normalidad y sin incertidumbre que en muchos casos acaban en la vuelta a la exclusión social. Con una mayor implicación de la administración Autonómica y local, solucionarí­amos una situación conocida por todas las partes implicadas.”

La Federación recuerda que ya en 2003 se dio una situación que propició casi la total desaparición del servicio. Quedo prácticamente al margen de la responsabilidad de la administración, convirtiéndose en una patata caliente que nadie querí­a atender ni resolver.