La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Dí­az, presentó este lunes el anteproyecto de ley de garantí­a de los derechos de las personas con discapacidad que supone “un hito histórico en la comunidad autónoma” y “sitúa a Cantabria al nivel de los ordenamientos jurí­dicos más garantistas”.

Dí­az explicó que este anteproyecto de ley supone un hito histórico porque “supone la plasmación normativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU” y porque “en la elaboración de este anteproyecto he cumplido el compromiso que asumí­ al comienzo de la legislatura de mantener un permanente dialogo con organizaciones sociales para ir de la mano y encontrar conjuntamente las decisiones más acertadas”. En este sentido, manifestó que “esta ley redundará en un beneficio personal y social para cada una de las personas con discapacidad, pero también para la sociedad cántabra, que se convertirá a partir de su aprobación en una sociedad más inclusiva”.

El objetivo de la ley es promover la igualdad de oportunidades, eliminar y corregir toda forma de discriminación, impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social, asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad, establecer medidas de accesibilidad, y garantizar del uso de la lengua de signos española y de las medidas de apoyo a la lengua oral para las personas con dificultades auditivas.

Para ello, se recogen medidas en el ámbito de la salud, la educación, el empleo, en la contratación pública, en protección social, y medidas para facilitar el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte de las personas con discapacidad. Además, se facilitará el acceso a la justicia, mediante un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual y/o con enfermedad mental que dispongan del beneficio de justicia gratuita, y medidas en fiscalidad con bonificaciones fiscales a las personas con discapacidad y sus familias para paliar los sobrecostes ocasionados por su discapacidad.

Por su parte, Arruti destacó que con esta norma el Gobierno ha escuchado sus demandas, ha incorporado la mayorí­a de sus propuestas y otras que han ido surgiendo en las diferentes reuniones, y ha felicitado a los técnicos de la Dirección General de Polí­tica Social por su trabajo. “Hemos sido capaces de consensuar un proceso de elaboración con una metodologí­a muy participativa y muy bien valorada por todos los que hemos colaborado”, afirmó. Finalmente, valoró que cada vez se legisle más pensando en las personas con discapacidad desde una perspectiva trasversal, y ha considerado importante que un órgano de participación evalúe el cumplimiento de la legislación en lo que respecta a las personas con discapacidad.