El CERMI pide un modelo común en la adaptación de la directiva europea de accesibilidad web
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta sobre cómo transponer al derecho español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
El objetivo de esta nueva norma es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las tecnologías de la información y la comunicación. La Directiva fue aprobada definitivamente en octubre de 2016, entró en vigor en diciembre y los Estados miembro de la Unión Europea deben transponer este texto a su ordenamiento jurídico antes del 23 de septiembre de 2018.
El CERMI considera que, “a pesar de algunas insuficiencias de la normativa comunitaria, ya que en principio no se aplica a las páginas y aplicaciones privadas”, la adopción de esta Directiva “es un avance contra la exclusión digital por ausencia de condiciones de accesibilidad que sufren muchas personas con discapacidad y personas mayores en la UE”.
Por ello, la entidad pide que España vaya más allá del objeto de la Directiva cuando se trata de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de entidades privadas que ofrezcan servicios de uso público en diferentes ámbitos, como la sanidad, la asistencia infantil, la inclusión social, el transporte o diferentes suministros como el agua o la electricidad.
La propuesta del CERMI también recoge que las organizaciones que crean que no pueden cumplir los criterios mínimos de accesibilidad deberán solicitar un permiso al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y especifica que en ningún caso podrán hacer uso de este procedimiento instituciones o empresas integradas en el sector público.
En todo caso, el CERMI manifiesta que en la normativa española se debe clarificar un mecanismo a través del cual los ciudadanos puedan denunciar incumplimientos de la normativa española resultante de la transposición de la Directiva europea
