El proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucí­a ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Parlamento andaluz, dado que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad del texto.

Esta norma, que comienza ahora su trámite en comisión parlamentaria, afectará a más de 700.000 personas en la Comunidad autónoma y cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales. La consejera de Igualdad y Polí­ticas Sociales, Marí­a José Sánchez Rubio, ha señalado durante su intervención ante el Pleno que la nueva Ley mejorará la calidad de vida de más de 700.000 personas y sus familias, “con especial atención a las más vulnerables y promoverá una sociedad más inclusiva y accesible”. Sánchez Rubio ha resaltado que en la elaboración del texto se ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia, además de someterlo a información pública. Además, ha indicado que el proyecto se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una de las novedades de la ley es que regula en el Titulo I el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, obligando a las administraciones públicas de Andalucí­a, dentro de su ámbito de competencias, a adoptar medidas de acción positiva para promocionar este derecho. Además, a diferencia de la Ley 1/1999, se reconoce que dentro de la discapacidad hay personas en especial situación de vulnerabilidad como las que tienen pluridiscapacidad, o necesidades de apoyo para la toma de decisiones. En el ámbito formativo y del empleo se establece la reserva de un 3% del número de plazas para personas con discapacidad en los cursos de formación, organizados por la Junta, de manera que como mí­nimo deberá garantizarse una plaza para personas con discapacidad independientemente del número de plazas convocadas. También se recoge como aspecto innovador expresamente la reserva de cupo en las bolsas de trabajo temporal de empleo público. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. En el área laboral, obliga a mantener en vigor un Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad, mientras que en el ámbito sanitario destaca la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la atención integral a través de la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En el área educativa, es novedosa la prohibición expresa a los centros docentes públicos o privados de denegar el acceso a sus servicios y actividades por motivo de discapacidad al alumnado o demás miembros de la comunidad educativa. También como avance, respecto a la Ley 1/1999, se prevé una relación detallada de medidas que deberán adoptarse por el sistema educativo público de Andalucí­a. Las universidades deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad.