Conseguir que las personas con discapacidad disfruten de una vida autónoma e independiente, que tengan empleo y que se puedan desplazar sin barreras arquitectónicas son los principales retos de la Comisión Permanente para las Polí­ticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en esta legislatura.

Su presidente, Carles Campuzano, afirmó, en una entrevista concedida a Servimedia, que “si tenemos legislatura y no vamos a terceras elecciones, esta comisión tendrá el gran reto de hacer realidad la aspiración de la Convención de Naciones Unidas, que no es otra que la de alcanzar una vida autónoma e independiente para las personas con discapacidad”.Además de escuchar a la sociedad, este grupo de trabajo tiene sobre la mesa el empleo, la educación y la accesibilidad. A este respecto, Campuzano señaló que “pese a tener leyes modernas se sigue construyendo de forma inaccesible. Esta comisión, al no ser legislativa, no podrá insistir en la reforma de las leyes, pero sí­ en hacer un seguimiento de las mismas”.“De hecho, serí­a bueno que los diputados de esta comisión nos diéramos un paseo por la ciudad para descubrir la buena o mala accesibilidad. Esta iniciativa la llevamos a cabo en Barcelona, donde vivimos la experiencia de ir en sillas de ruedas a estaciones de metro y otros espacios para comprobar en dónde se incumple la legislación”.

Dentro del marco legal, el presidente de la comisión parlamentaria afirmó que, además, “hay cuestiones vinculadas a derechos fundamentales que deberí­an estar ya normalizados, como es el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual que están sometidas a procesos de pérdida de personalidad jurí­dica, lo que implica la pérdida de este derecho”. Otro asunto sin resolver, y “que la ONCE conoce muy bien, es que todaví­a no podemos contar con papeletas en braille en las elecciones municipales para personas ciegas y esta es una cuestión pendiente que hay que resolver”. Respecto a la Ley de Autonomí­a Personal, aseguró que “quizás nos equivocamos con esta ley, ya que se pretendió legislar las necesidades de la dependencia de las personas mayores y el reto de la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad en un mismo texto normativo y en una misma polí­tica pública, cuando las necesidades de ambos grupos de población son totalmente diferentes”.