¿Hasta qué punto el factor humano es el que está detrás de los accidentes de tráfico? ¿Cómo impedir que un conductor que no está en condiciones de ponerse al volante lo haga? ¿Qué papel juega el ámbito médico y el jurí­dico en estas cuestiones?

Estas disquisiciones son las que han centrado buena parte del Foro ”˜Tráfico y Medicina”™ celebrado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde tanto el colectivo médico como el jurí­dico han reflexionado sobre el papel de los abogados y médicos en la reducción de la siniestralidad vial.

La conclusión ha sido clara: Hay que centrar más esfuerzos en la prevención. Resulta nuclear evitar que un conductor que no está en condiciones de ponerse al volante lo haga, ¿Pero de qué forma? ¿Con qué instrumentos? ¿Comete el médico un delito de revelación de secretos si comunica al organismo competente, la DGT, que un conductor no está en buenas condiciones psicofí­sicas para conducir? ¿Son estrictos los exámenes médicos que se realizan en los psicotécnicos? Todas estas cuestiones han centrado buena parte del debate del foro celebrado en el aula Profesor Jaso del Edificio Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria ”˜La Paz”™.

El facultativo José Marí­a Pérez, moderador del foro, ha reiterado que los accidentes de tráfico ”˜suponen un daño personal, pero también familiar, social y laboral”™ que ”˜cuesta millones de euros al año a la sociedad”™. Por su parte, Nuria Pérez, enfermera, ha dado las gracias a todos los asistentes, y ha puesto el relieve sobre el peligro que supone que muchos ciudadanos tomen psicofármacos y que, en condiciones psicofí­sicas mermadas, se pongan al volante. ”˜No hay ningún filtro que lo impida”™, ha dicho. Por su parte, Emilio Lizárraga, exabogado del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ha indicado que los exámenes psicotécnicos debieran ser “más estrictos”, incluyendo una analí­tica de sangre.

El facultativo tiene que confiar en lo que le dice el paciente, la ley no ampara que los profesionales de los centros de reconocimiento hagan pruebas objetivas, por lo que no puede determinar si el paciente miente u oculta datos relevantes de su historia clí­nica. Por otro lado, Gerardo Riquelme, facultativo traumatólogo, ha hecho referencia a la cronomortalidad de los accidentados de tráfico y a las posibilidades de supervivencia tras un accidente, y ha indicado que el 51,3% de los afectados que adquieren una discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico tienen “afectado su aparato locomotor y la movilidad reducida”.

Por último, el catedrático de Derecho Fernando Santa Cecilia ha reiterado que, tras la última reforma del código penal de 2007, se han judicializado muchos temas de tráfico para abaratar costes, llegando a los juzgados muchos casos que “deberí­an ir por ví­a administrativa”, con sanción y multa. También se ha referido a las actuaciones con dolo eventual, es decir, para referirse a la posibilidad de que haya médicos que emitan certificados falsos u omitiendo información para posibilitar que un conductor conduzca. Habrí­a que tener pruebas muy contundentes para probar un dolo eventual. Un médico no puede ser un guardia civil, ni la legislación de ahora le ampara para confirmar si lo que dice un paciente cuando se renueva el carnet es verdadero o falso, dado que ni siquiera se hace una analí­tica de sangre y se cruzan datos con la historia clí­nica”.