La Ley establece que el Sistema de Autonomí­a Personal y Atención de la Dependencia debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en 2015 sólo el 18,1% del gasto público frente al 81,9% de las comunidades autónomas, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en Dependencia, tras el RD-Ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas, según esta Asociación.

El quebranto para las Comunidades Autónomas en la financiación de esta importante polí­tica social “las coloca en una encrucijada de muy difí­cil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes”.

Con los datos certificados, según esta Asociación estatal, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado. El Sistema muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleos y para la obtención de retornos directos, indirectos e inducidos.

En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%. Si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera ”“haciendo algo tan extraordinario como cumplir con la Ley- se generarí­an más de 100.000 nuevos empleos directos. Para ello el Gobierno de España debe cumplir la Ley de Dependencia e igualar la aportación autonómica tal y como deberí­a haber sido desde el inicio de una Ley que se dictó al amparo del artí­culo 149.1.1ª de la Constitución Española (desde la responsabilidad del Estado).