El 81% de las empresas españolas no cumple aún con la ley de inserción laboral de personas con discapacidad que establece una cuota mí­nima de un 2% de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más empleados, según se desprende de un estudio realizado por la consultora Leialta sobre la inserción laboral de este colectivo.

“El grado de cumplimiento es bají­simo”, alerta en una entrevista a Europa Press Javier Martí­nez Galiana, socio fundador de Leialta, al tiempo que reconoce no entender “porqué el porcentaje de empresas que no cumple con la ley es tan alto, cuando además la legislación contempla ventajas económicas para las empresas y la contratación de personas con discapacidad se enmarcarí­a en las polí­ticas de Responsabilidad Social Corporativa que las empresa fomentan”. Por esta razón, añade, se amplió el alcance del estudio para detectar cuáles eran las razones por las que no contrataban a personas con discapacidad, siendo la razón principal el desconocimiento de la LISMI. “Es decir, no saben que tienen que tener al menos un 2% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad cuando son más de 50 empleados en total”, explica Martí­nez. “Otras razones que desmotivan la contratación de personas con discapacidad, según las empresas consultadas, son: la falta de acceso a bases de datos especí­ficas de personas con discapacidad, la dificultad de encontrar personas con discapacidades compatibles con el puesto de trabajo disponible, el coste de la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad del trabajador y un teórico mayor absentismo de las personas con discapacidad”, precisa. El experto recuerda que la situación laboral del colectivo de personas con discapacidad “no puede definirse como buena cuando la tasa de desempleo es del 32,2%, según los últimos datos del INE”, una cifra que supone que la tasa de paro es 7,8 veces superior al de las personas sin discapacidad. Además, el 60% de ellos están dentro del colectivo de ‘desempleados de larga duración’, mientras que en el caso de las féminas, “las mujeres con certificado de discapacidad tienen menos presencia activa en el mercado laboral”. Asimismo, indica que la crisis ha agudizado esta situación, al duplicarse el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación actual, en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa (25,7%). Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad, según Martí­nez. En este sentido, respecto a los principales impedimentos con los que se encuentra este colectivo, se enumeran motivos relacionados con la salud o la enfermedad (para el 56,7%), la falta de oportunidades (para el 54%), la falta de cualificación o experiencia (en un 32,6%) y las limitaciones en las actividades básicas (en un 29,1%). “Con estas cifras, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo de trabajadores pobres, es decir, son trabajadores que residen en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza”, detalla. Por comunidades, las mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad se encuentran en Paí­s Vasco (49%), Comunidad Foral de Navarra (45,8%) y Región de Murcia (44,8%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52,4%). Por el contrario, están a la cola Galicia (26,6%), Asturias (26,8%), Andalucí­a (33,3%) y Canarias (33,8%). Por sectores, Maartí­nez señala que la “inserción laboral natural” es a través de empresas que ofrecen lo que se conoce como ‘facility services’, es decir, servicios de limpieza, jardinerí­a, secretarí­a, alimentación, etc.