Las administraciones deberán reservar por…

En la imagen, un usuario de silla de ruedas en su puesto de trabajo.Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos tendrán que reservar por ley un mí­nimo de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de personas con discapacidad, así­ como de empresas de inserción social de personas en riesgo de exclusión.

Así­ lo establece una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público operada por el proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economí­a Social, que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados y que ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado.

Hasta ahora, esta reserva, según la legislación de contratos del sector público, era facultativa para las administraciones, decidiendo al efecto el órgano contratante. Desde que entre en vigor esta reforma, la reserva de un mí­nimo de contratos en favor de centros especiales de empleo y de empresas de inserción pasa a ser obligatoria.

Con arreglo al nuevo precepto, serán el Consejo de Ministros y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas los que mediante acuerdo determinarán el mí­nimo de contratos que se reservan a estas empresas sociales. Por último, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapcidad (Cermi) considera positiva esta medida “en tanto refuerza la dimensión social de la contratación pública”, y espera que “se avance más intensamente en esta dirección” en la nueva ley de contratos del sector público que España debe promover antes de 2016 por mandato de la Unión Europea.