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  • Con esta desastrosa actuación comienza el proceso de cierre de asociaciones, despido de profesionales y cese de servicios asistenciales a miles de personas.
  • La Federación pide la intervención urgente de la presidenta del gobierno regional para arreglar esta crisis sin precedentes.
  • La Federación siempre ha prestado su colaboración para desarrollar una acción social de excelencia en la Comunidad Madrid por ello sigue insistiendo en una solución real sobre lo sucedido.
  • Al retraso de la convocatoria, la resolución y la concesión de las ayudas, se suma la denegación de estas por causas sin concretar que propician la indefensión en las reclamaciones.
  • No se ha tenido en cuenta, ni la experiencia, ni el trabajo que el sector viene desarrollando en la Comunidad Madrid, lo que demuestra la falta de sensibilidad y de gestión latente en la consejería.
  • La gestión y aprobación de las ayudas por parte de la comunidad no está siendo transparente porque se oculta cómo ha sido el reparto de 26 millones de euros.

 Madrid, 25 de enero de 2018 (FAMMA – COCEMFE MADRID), la Federación deasociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid ha solicitado una reunión de urgencia con el consejero y sus entidades para tratar el desastroso reparto de ayudas dirigidas a asistir a personas con discapacidad en la comunidad Madrid a través del tejido asociativo que les atiende.

También se une a las denuncias públicas que otros colectivos englobados en el tercer sector ha realizado ya en la misma dirección.

 Desde la Federación “exigimos transparencia en el reparto para saber cómo ha  sido la distribución de los fondos derivados del 0,7% de IRPF pues, ante las delegaciones sustentadas en la falta de crédito, éstas deben ser debidamente justificadas, por el contrario, podríamos interpretar que existe un cierto clientelismo”.

 La falta de planificación, de coordinación y de conocimiento de las necesidades reales a cubrir el momento del traspaso de competencias del ministerio de asuntos sociales a la consejería de políticas sociales y familia, son el resultado de una situación con consecuencias impredecibles, pero realmente caóticas, sobre la falta de asistencia a personas con nombres y apellidos.

 La situación aboca a despidos de profesionales y cierre de programas que no solamente tendrán la falta de apoyo para su ejecución, si no la desaparición de programas continuistas que se venían desarrollando desde hace muchos años.

Esta decisión de la consejería se desarrolla en un contexto social que tampoco ha tenido en cuenta, lo que provoca un gran caos de gestión y a un precipicio de difícil salida.

La Federación y sus entidades han solicitado una reunión urgente con el consejero para que se comprometa a una solución real, de lo contrario, se planificarán movilizaciones en la calle.

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La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid denuncia los retrasos e incumplimientos que se están produciendo en cuanto a la resolución y pago de la convocatoria de subvenciones para 2018 con cargo  al 0,7 por ciento del IRPF destinados a programas sociales en la Comunidad de Madrid, así como sus nefastas consecuencias en el tejido social y en los servicios que dejan de prestarse a las personas más desfavorecidas de la ciudadanía, lo que demuestra una falta de transparencia, confianza en interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid por las personas más vulnerables de la ciudadanía a quienes deben servir.

Las consecuencias directas de estos retrasos se traducen en un grave perjuicio para las personas de la Comunidad de Madrid objeto de estas subvenciones ya que no tienen en la actualidad los servicios que las entidades sociales les estaban prestando durante años. Y del mismo modo, cientos de trabajadoras y trabajadores de estas entidades sociales están abocados en estos momentos a la incertidumbre y al desempleo. Recordemos que esta subvención del IRPF es una herramienta de Solidaridad que proviene del 0,7 por ciento del IRPF de la ciudadanía, la cual supone más de 26 millones de euros y que además de destinarse a mitigar el efecto de desigualdad en la región, es una herramienta gestionada íntegramente por las entidades sociales.

Hasta el año pasado era el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales el encargado de valorar y repartir estas subvenciones, pero sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional han cambiado el criterio y son ahora las Comunidades Autónomas las que realizan esta gestión de adjudicación del 80 % de lo recaudado por decisión de los contribuyentes que marcan la casilla para destinar el 0,7 % a fines sociales.

Con este cambio de modelo la Comunidad de Madrid se comprometió ante el Tercer Sector a adjudicar estas subvenciones antes de final de año y pagarlas en los primeros días del presente ejercicio, pero no ha cumplido con este deber y está poniendo en una grave situación al siempre frágil tejido asociativo y los imprescindibles servicios que presta.

Detrás de esta Plataforma hay más de 700 asociaciones y se atienden a más de 1,7 millones de personas en nuestra Comunidad.

Persona en su puesto de trabajo

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Se observa mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en diciembre de 2017.

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El primer exoesqueleto infantil del mundo se estrena en el Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona.

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El nuevo servicio de teleasistencia incluirá sensores en la nevera y en el colchón para comprobar si a los usuarios les ha pasado algo.

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La Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas ha organizado un ciclo de jornadas sobre discapacidad.

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En España, menos del 50 por ciento de los adultos realiza, al menos, una actividad física moderada todas las semanas.

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La Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana triplica en dos años el presupuesto para mejoras de accesibilidad.

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El festival de cine y discapacidad de Collado Villalba cumple 10 años rompiendo estereotipos.

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En España 80.000 personas no pueden votar por alguna incapacitación.

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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado lamentan que España no cumpla con la Convención de la ONU.

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Fundación Bancaja organiza la octava edición de su 'Semana D-Capacidad'.

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Sanidad quiere que los españoles reduzcan en un 10% el consumo de azúcares añadidos en tres años.

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Bilbao invertirá 2 millones de euros en mejorar la accesibilidad del grupo Zazpilanda donde residen 723 vecinos.

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Solo un 6% de las personas con discapacidad tiene una titulación universitaria en España, lejos del 40% que tiene como objetivo la Unión Europea para 2020.

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La lista de espera de las personas que debe atender el sistema de la dependencia aumenta en 8.031 personas en el último mes.

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Dolors Montserrat acompañará durante un día a la senadora de Unidos Podemos Virginia Felipe Saelices, que sufre Atrofia Muscular Espinal Tipo II y se mueve en silla de ruedas.

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El Ayuntamiento de Sevilla saca a licitación un nuevo contrato para eliminar barreras arquitectónicas que arreglará incidencias en 72 horas.

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ACIME pone en marcha un programa de empoderamiento y empleabilidad para personas con discapacidad.

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En España, entre 2006 y 2015, 1.3 millones de personas resultaron lesionadas en un accidente de tráfico, el equivalente al 3% de la población.

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